En este Cuaderno continuamos con el estudio, ya iniciado en el número anterior, de los últimos criterios jurisprudenciales sobre el régimen de visitas, comunicaciones y estancias de los menores, más concretamente, sobre las relaciones con los abuelos, los supuestos de violencia y la conveniencia de introducir la terapia para facilitar y mejorar las relaciones paternofiliales.
¿Cuándo es adecuado establecer relaciones con los abuelos?, ¿qué circunstancias deben concurrir para ello? Los supuestos de violencia son situaciones a las que se debe prestar especial atención y más todavía si existen hijos menores, sean o no víctimas directas de la violencia. ¿Cómo proteger su interés superior en estos casos?, ¿cómo evitar posibles riesgos?
Finalmente, la terapia se revela como una herramienta esencial para mejorar las relaciones paternofiliales, facilitar su desarrollo o incluso retomarlas en determinadas situaciones. Pero ¿en qué casos resulta procedente?

La presente Guía práctica, que recoge doctrina, cuadros comparativos, tabla de concordancias y legislación, responde a la necesidad de conocer y entender de un modo práctico los aspectos más relevantes y las importantes modificaciones que se han introducido mediante el Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Concursal.
A través de los documentos que la conforman, se consigue tener una perspectiva global y concreta del concurso de acreedores y de todos sus institutos, que se acompaña de una comparativa con la anterior Ley 22/2003.

La presente Guía práctica, que recoge doctrina, cuadros comparativos, tabla de concordancias y legislación, responde a la necesidad de conocer y entender de un modo práctico los aspectos más relevantes y las importantes modificaciones que se han introducido mediante el Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Concursal.
A través de los documentos que la conforman, se consigue tener una perspectiva global y concreta del concurso de acreedores y de todos sus institutos, que se acompaña de una comparativa con la anterior Ley 22/2003.

En línea con los trabajos anteriormente publicados en sepín relacionados con las sociedades de capital, la jurisprudencia del Tribunal Supremo, la responsabilidad de los administradores sociales y los derechos del socio, presentamos ahora las juntas en las sociedades de capital.
Para realizar esta obra y que sirva de herramienta a todos los abogados especializados en Derecho mercantil y concursal, hemos recopilado una selección de toda la jurisprudencia del Tribunal Supremo y de las resoluciones más relevantes de las Audiencias Provinciales, de los Juzgados de lo Mercantil y de la Dirección General del Registro y del Notariado, llamada actualmente Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública.
Hemos estructurado la compilación en once grandes títulos que se corresponden con los aspectos más fundamentales de las Juntas: la convocatoria de la junta; el orden del día; la celebración; la votación; las mayorías; el derecho de información; los acuerdos sociales; su impugnación; la junta ordinaria, extraordinaria y universal, y, finalmente, un capítulo dedicado al socio minoritario.

Resulta frecuente que el arrendatario de una vivienda, por distintas circunstancias, pretenda desistir o finalizar el contrato antes del plazo establecido, posibilidad que contempla la LAU 29/1994, exigiendo unos requisitos fundamentales, que serán distintos según el arrendamiento sea anterior o posterior a la reforma de la Ley 4/2013. ¿Cuál es la duración mínima para poder ejercitar este derecho? ¿Qué plazo existe para la notificación al arrendador? ¿Cabe exigir una indemnización al arrendatario? ¿Procede su moderación por los Tribunales? En este análisis jurisprudencial clasificamos las sentencias más recientes y relevantes sobre la problemática que suscita, especialmente en cuanto a la exigencia de una indemnización por parte del arrendador, que dependerá de si existe pacto o no, donde habrá que valorar los daños y perjuicios reales, así como su posible compensación con la fianza.

Una de las funciones del Consorcio de Compensación de Seguros es la indemnización de los riesgos extraordinarios sobre las personas y los bienes por las pérdidas derivadas de acontecimientos extraordinarios acaecidos en España. Aunque se excluyen las epidemias y las pandemias, sí se incluyen los fenómenos atmosféricos, como la gota fría o DANA (depresión aislada en niveles altos), los desbordamientos de ríos y terremotos, que, debido al cambio climático, se están convirtiendo en situaciones casi ordinarias.
Todo da lugar a una amplia casuística que se muestra en esta Jurisprudencia al Detalle, comenzando con una parte general en la que se tratan temas procesales, como la acción de repetición ejercitable por el Consorcio, la competencia jurisdiccional y la territorial o el plazo de prescripción. Y el valor de los medios de prueba que pueden recaer en recortes de prensa, certificados meteorológicos y/o dictámenes periciales. Por último, se analizan individualmente tanto los riesgos incluidos como los excluidos.

El parentesco como circunstancia agravante o atenuante de la responsabilidad penal se refiere a la relación de consanguinidad o afinidad entre los sujetos activo y pasivo del delito. Opera ?la mayoría de las veces como agravante? cuando la víctima es o ha sido cónyuge o pareja del ofensor o es ascendiente, descendiente o hermano, por naturaleza o adopción, de este o de su cónyuge o conviviente.
¿Qué requisitos exige? ¿A qué delitos se aplica? ¿A cuáles no? ¿Es compatible con otras circunstancias agravantes? Nuestros Juzgados y Tribunales dan respuesta a estas y a otras cuestiones, que hemos recogido de forma detallada en el presente Cuaderno siguiendo un orden sistemático y eminentemente práctico.

Intereses en beneficio de la Comunidad y del propietario. En el régimen de propiedad horizontal, cualquier decisión comunitaria pasa por un acuerdo en la Junta, pero ¿cuándo puede un propietario accionar de forma individual?
Existe jurisprudencia que declara que cualquier copropietario está facultado para realizar actos que redunden en beneficio de la Comunidad, aunque existen dudas sobre si podrá hacerlo directamente o esas acciones son subsidiarias respecto a las del Presidente. Por otra parte, está claro, y así lo establece la Ley de Propiedad Horizontal en el art. 18, que mediante la correspondiente impugnación judicial cualquier propietario podrá defender sus intereses cuando considere que los acuerdos de la Junta son contrarios a la ley o a los estatutos, resultan lesivos o suponen un grave perjuicio para cualquier propietario.
Veremos, en este estudio, las distintas interpretaciones jurisprudenciales. Intereses en beneficio de la Comunidad y del propietario. En el régimen de propiedad horizontal, cualquier decisión comunitaria pasa por un acuerdo en la Junta, pero ¿cuándo puede un propietario accionar de forma individual?
Existe jurisprudencia que declara que cualquier copropietario está facultado para realizar actos que redunden en beneficio de la Comunidad, aunque existen dudas sobre si podrá hacerlo directamente o esas acciones son subsidiarias respecto a las del Presidente. Por otra parte, está claro, y así lo establece la Ley de Propiedad Horizontal en el art. 18, que mediante la correspondiente impugnación judicial cualquier propietario podrá defender sus intereses cuando considere que los acuerdos de la Junta son contrarios a la ley o a los estatutos, resultan lesivos o suponen un grave perjuicio para cualquier propietario.
Veremos, en este estudio, las distintas interpretaciones jurisprudenciales.

Las luces y vistas entre dos predios genera polémica desde tiempos inmemoriales, siendo, tanto en el pasado como en el presente, una fuente inagotable de conflictos entre propietarios de fincas colindantes, motivo por el cual hemos considerado necesario abordar toda la casuística existente en la presente Selección de Jurisprudencia.
Nos hemos centrado en la regulación establecida en el Código Civil estatal, dividiendo el presente estudio jurisprudencial, como punto de partida, en cinco grandes bloques (forma de adquisición, acción negatoria, derechos y obligaciones, acción confesoria y aspectos procesales), a partir de los cuales se ha ido desarrollando de forma minuciosa toda la problemática que ha sido resuelta por nuestros Tribunales.

¿Cuál es la duración del contrato de arrendamiento de vivienda según la LAU 29/1994? Una misma pregunta con distintas soluciones.
El historial de modificaciones legislativas de la LAU 29/1994 por la Ley 4/2013, el RDL 21/2018 y el RDL7/2019 ha dado lugar a cambios fundamentales en el arrendamiento de vivienda en lo que atañe a la duración de los contratos. Presentamos una guía imprescindible y sumamente práctica, donde clasificamos los contratos según su fecha y atendiendo a las distintas reformas legislativas, con el fin de determinar los preceptos legales aplicables, pues tiene consecuencias muy diferentes en cuanto a su plazo mínimo, la prórroga legal y el desistimiento anticipado, así como a los numerosos y distintos plazos de notificaciones del arrendador y del arrendatario. En esta obra podrá localizar los textos legales, un cuadro comparativo en el que se exponen las diferencias según la duración de los contratos, aquellas preguntas y respuestas que resolverán sus dudas, la jurisprudencia y los formularios aplicables de las distintas notificaciones para no renovar, desistir o resolver, así como el contrato de arrendamiento de vivienda vigente, según sea arrendador persona física o jurídica. La sistemática consiste en acudir a la fecha del contrato de arrendamiento para situarse de forma rápida en el caso concreto que el profesional necesita, sin temer al enjambre de normas arrendaticias.